18/1/08

Enrique Peña Nieto, llamado a cuentas

Toluca, Estado de México, 17, Jan, 2008.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza el solicitar cuentas al gobernador Enrique Peña Nieto, sobre su pretensión de desaparecer el Conjunto Sedagro, considerado el "pulmón verde" del valle de Toluca, además de representar un importante campo de experimentación e investigación agrícola.

A cambio, Peña Nieto pretende construir en dicho sitio, ubicado en Metepec, la "Ciudad Administrativa Bicentenario", donde se quiere trasladar oficinas gubernamentales y construir costosos complejos habitacionales y comerciales, a favor del empresariado.

La Comisión Permanente analiza lo anterior, a partir del punto de acuerdo presentado por el diputado perredista Luis Sánchez, quien refiere que el 15 de diciembre de 2007, en el marco de la aprobación del paquete fiscal de 2008, el Pleno de la LVI Legislatura del estado de México aprobó la desincorporación a título oneroso".

La aprobación del dictamen correspondiente se dio a partir de una iniciativa presentada por el gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, con lo cual la legislatura local avala desincorporar del patrimonio público, y posteriormente enajenar a título oneroso, una superficie de 1 millón 42 mil 840 metros cuadrados, en el que se encuentran inmuebles del centro de investigación, terrenos de experimentación agrícola y áreas boscosas.

En este espacio, el gobierno mexiquense, a través de un fideicomiso, propone llevar a cabo la implementación para el desarrollo de un conjunto urbano que incluya nuevas oficinas administrativas para el Gobierno del estado, a fin de reubicar a cerca de cuatro mil funcionarios públicos, que actualmente laboran en distintas dependencias locales ubicadas en Toluca y que se rentan.

Los argumentos presentados por Peña Nieto para proponer la construcción de "Ciudad Administrativa Bicentenario", estriban en fomentar el desarrollo urbano de la región, al mismo tiempo que genera empleos.

Sin embargo, destacó el diputado Luis Sánchez, para este tipo de proyectos que forman parte de políticas públicas amplias, uno de los pasos es el análisis y estudio profundo de impactos, como una parte medular del "ciclo de políticas públicas", y como parte de la fase de diseño de éstas.

Además, se debe considerar la importancia del impacto ambiental, pues el territorio propuesto para llevar a cabo este proyecto representa una de las áreas verdes más importantes en la zona, por ello es necesario analizar si la construcción que se pretende no se cifra únicamente en la conservación o no de los árboles que se encuentran en el Conjunto Sedagro, sino que se tienen que considerar las afectaciones a las áreas verdes, la contaminación atmosférica por el incremento del parque vehicular, la presión creciente sobre los mantos freáticos, el aumento en la generación de residuos sólidos, así como el cambio de la imagen urbana.

"Recordemos que en la anterior administración encabezada por Arturo Montiel Rojas se destinaron importantes recursos humanos, materiales y económicos al Conjunto Sedagro bajo el planteamiento de ser un pulmón verde para el valle de Toluca", subrayó el legislador.

Otra discusión, abundó, es la referente a los inmuebles y terrenos del Conjunto Sedagro son ubicados como un bien público y la obligación del gobierno, especificada en la Ley de Bienes del Estado de México, es garantizar que los bienes públicos se mantengan como tales, sobre todo aquellos que representan un espacio que beneficia a los habitantes de la región como en este caso.

Bajo estos argumentos, el diputado Luis Sánchez propuso que se solicite a Peña Nieto, la información documental precisa sobre el proyecto "Ciudad Administrativa Bicentenario", incluidos los estudios de impacto ambiental y regional que sustenten la viabilidad del mismo.

De igual forma, plantea que se efectúe una investigación académica para analizar la pertinencia de la utilización y con ello el impacto ambiental, así como económico-social para el proyecto de esta Ciudad Administrativa, ante ello, se detenga la desincorporación del patrimonio público y enajenación a título oneroso, de una superficie de 1 millón 42 mil 840 metros cuadrados, en el que se encuentran inmuebles del centro de investigación, terrenos de experimentación agrícola y áreas boscosas del Conjunto Sedagro.

Refiere la necesidad de que se transparente este proyecto, así como los mecanismos y responsabilidades tanto de privados como de las instancias estatales responsables del proyecto. El punto de acuerdo fue turnado a la tercera comisión.

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